IUS CERTUM CONSULTORÍA
Contrataciones Públicas
A fin de garantizar la operación y funcionamiento de sus instituciones, el Estado se ha visto en la necesidad de contratar con los particulares, entre otros aspectos, la adquisición y el arrendamiento de bienes muebles, la prestación de servicios, así como la construcción y mantenimiento de obra pública.
¿Cómo lleva a cabo el Estado tales contrataciones?
Para llevar a cabo lo anterior, está obligado a sujetarse a las reglas que para tal efecto le impone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que dichas contrataciones se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones, las cuales serán mediante convocatoria para que el público en general presente sus proposiciones, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; reglas que se encuentran desarrolladas a detalle en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus homólogas a nivel local.
¿Qué beneficios obtengo si soy proveedor del Estado?
Si bien la legislación de la materia impone diversos requisitos a las personas que buscan celebrar un contrato para fungir como proveedores del Estado, buscando en todo momento establecer las mejores condiciones para este último, a diferencia de cualquier otro cliente, las instituciones de gobierno tienen acreditada solvencia, lo que significa que si el objeto del acuerdo de voluntades de que se trate, se cumple a cabalidad por parte del particular, el pago se encuentra de cierta manera garantizado.
El gobierno es uno de los mayores compradores del país. Cada año adquiere importantes volúmenes de materias primas, refacciones, productos terminados, así como diversos servicios públicos. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) tan sólo de 2018 a 2024 el monto destinado a compras públicas federales ascendió a 2.6 billones de pesos, y en 2023 la Administración Pública Federal destinó el 8.0% del Presupuesto de Egresos de la Federación a procedimientos de contratación, 702 mil millones de pesos.
Dentro de sus adquisiciones y arrendamientos se encuentra una gran variedad de bienes muebles y servicios, tales como equipo de oficina, equipo de cómputo, refacciones, vehículos, productos alimenticios, medicinas, uniformes, servicios de vigilancia, servicios de limpieza, servicios profesionales, servicios de construcción por citar tan sólo algunos; lo que implica un sin número de oportunidades de negocio para las empresas.
Lo anterior sin contar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las contrataciones públicas representan una de las principales actividades de las democracias modernas.
¿Porqué necesito la asesoría de un abogado con expertis en el manejo de la legislación y normatividad en materia de contrataciones públicas?
A diferencia de vender a un particular, el vender al Estado implica una serie de aspectos meramente jurídicos y técnicos, cuyo desconocimiento puede significar el no ser adjudicado para una contratación pública, que se adquieran compromisos que no se puedan cumplir, y en el peor de los casos ser sancionado.
Las contrataciones públicas se encuentran reguladas por distintas leyes, reglamentos, y demás disposiciones jurídicas, ya sea dentro del ámbito federal o local, o bien de cada una de los Poderes de la Unión, que buscan garantizar que el Estado obtenga las mejores condiciones.
Tan sólo en la Administración Pública Federal es posible ubicar las siguientes disposiciones jurídicas aplicables a dicha materia: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Estableciendo diversos requisitos a cubrir por parte de los particulares que buscan celebrar contratos con el Estado, principios rectores, supuestos jurídicos, excepciones, medios de defensa y sanciones, por citar tan sólo algunos aspectos.
¿QUÉ SERVICIOS TE OFRECEMOS?
Si buscas ser proveedor del Gobierno, acércate a nosotros. En IUS CERTUM contamos con un equipo de abogados con amplia experiencia dentro del sector público en áreas relacionadas con la aplicación de la legislación, reglamentación y normatividad en materia de contrataciones públicas, gustosos de coadyuvar con tu negocio.
Dentro de nuestros servicios se encuentran los siguientes:
- Elaboración del análisis de las convocatorias y bases de licitación, así como de los demás procedimientos de contratación previstos tanto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de determinar cuáles son los pasos a seguir y los requisitos a cumplir para la adjudicación de un contrato público.
- Asesoría en la integración de la documentación, propuestas y posturas a entregarse a las instancias encargadas del procedimiento de contratación.
- Asesoría dentro de todo el procedimiento de contratación. Te asignamos a un abogado para que te acompañe y asista en las juntas de aclaraciones, aperturas de propuestas y de fallos.
- Asesoría en la revisión del proyecto de contrato previo a su firma, a efecto de detectar cláusulas que sean contrarias a los intereses de tu empresa, y puedan ponerla en riesgo.
- Promoción a tu favor de los medios de impugnación y defensa previstos entre otras leyes, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en sus homólogas a nivel local.